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jueves, 11 de junio de 2020

Sustituir a Cofece, IFT y CRE por el Inmecob demolería la capacidad e independencia de reguladores y de la autoridad de competencia económica


  • Desintegrar organismos con plena autonomía y eliminar los controles para asegurar su independencia, incrementaría la influencia política en la toma de decisiones. Además, arriesgaría el cumplimiento del requisito estipulado en el T-MEC de contar con un organismo regulador de telecomunicaciones independiente.
     
  • La iniciativa del senador Monreal para crear el Inmecob debe ser discutida tomando en cuenta la opinión de representantes sociales y especialistas en el sector. Una política regulatoria efectiva, que busque fomentar la productividad e incentivar la innovación, debe ser una prioridad nacional pensando en el beneficio del consumidor y en el mayor bienestar social.

Ciudad de México, 11 de junio de 2020
Este miércoles 10 de junio el senador Ricardo Monreal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ella se busca crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), como un órgano constitucional autónomo que integre, bajo un argumento de austeridad, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
 
En México Evalúa consideramos que esta iniciativa afectaría el desarrollo de los mercados, al coartar toda certidumbre y confianza en las actividades de regulación y protección a la competencia económica del Estado. Se modificarían sustancialmente los objetivos y la conformación de los órganos reguladores y de la autoridad de competencia, en detrimento de la especialización que requieren. De aprobarse en los términos actuales, la iniciativa impactarían directamente en la inversión y en el bienestar de los mexicanos por las siguientes razones:

1. No reconocería la relevancia de la política de competencia como revisora de la política regulatoria
Al integrar a la autoridad de competencia con reguladores de sector en un solo órgano, la iniciativa debilitaría la función de la autoridad de competencia como contrapeso, tanto en la etapa de diseño e implementación de la regulación, como en el monitoreo de sus resultados. El desempeño de esta función por parte de la autoridad de competencia puede ayudar tanto a mejorar la capacidad institucional y el desempeño de las autoridades reguladoras sectoriales, como a continuar con la consolidación de una política regulatoria que impulse la competencia.

2. Se perdería especialización y se generaría mayor incertidumbre para el buen funcionamiento de los mercados 
La iniciativa prevé reducir el número de consejeros y personal para cumplir con las funciones de la Cofece, la CRE y el IFT. Esto ocasionaría preocupantes cuellos de botella y rezagos en las resoluciones, mismos que podrían impactar en costos y oportunidades de inversión en mercados. Preocupa que siendo actividades tan técnicas, éstas no puedan ser adecuadamente reguladas por un personal reducido y cuyo expertise debería abarcar diferentes materias.
Aunque la iniciativa toma como referencia el modelo español de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), consideramos que ésta no es aplicable debido a que se proponen esquemas diferenciados para cada tipo de regulador, sin justificación o razón alguna, incrementando así la incertidumbre e incoherencia del modelo: i) Se excluye a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, regulador económico en materia de hidrocarburos; ii) No se incluyen reguladores sectoriales como el ferroviario, de aviación, entre otros y iii) Se describe un modelo de regulación asimétrica únicamente para el caso de telecomunicaciones y no así para el sector eléctrico.

3. Los organismos constitucionales autónomos perderían independencia
Desintegrar organismos con plena autonomía y volver a hacer un proceso de selección de Consejeros, eliminando los controles para asegurar su independencia, incrementaría la influencia política en la toma de decisiones. 
La iniciativa contempla eliminar el examen de conocimientos y el proceso ante el Comité de Evaluación —integrado por los titulares del Banxico y el Inegi— con el que se elegía a los candidatos mejor calificados de acuerdo a sus conocimientos técnicos. Además, propone que los consejeros sean designados por el Ejecutivo federal a propuesta del Senado, sin que se requiera ratificación del Legislativo, como lo establece actualmente el artículo 76 constitucional.
Esta propuesta no es consistente con el requisito del Capítulo 18 del T-MEC de contar con un organismo regulador de telecomunicaciones independiente, por lo que de aprobarse en estos términos, la iniciativa arriesgaría el cumplimiento de este tratado.
La iniciativa presenta como motivación principal generar ahorros al erario en el marco de la pandemia de Covid-19, pero esto es cuestionable: el ‘ahorro’ de 500 millones de pesos anuales que estima el documento no compensa el debilitamiento de los reguladores y la autoridad de competencia.
De acuerdo con la Cofece, tan sólo el beneficio económico de las regulaciones contra prácticas monopólicas absolutas y concentraciones en 2018 ascendió a 5 mil 952 millones 912 mil 034 pesos: 9.631 veces el presupuesto asignado a esta órgano. Por cada peso asignado a la Comisión, se generó un beneficio a la sociedad mexicana de aproximadamente 12.7 pesos en 2017 y 9.6 pesos en 2018. 
Por su parte, el IFT señaló que los recursos que obtuvo en 2019 representan una décima parte de lo que ha recaudado en el cumplimiento de sus funciones.
La importancia de la función reguladora del Estado resulta de las muchas y diversas formas en que la regulación afecta la vida de los ciudadanos, y por lo tanto, es fundamental para el debido funcionamiento de la economía y la sociedad. Debe ser prioridad buscar generar una política regulatoria efectiva que fomente la productividad e incentive la innovación, siempre pensando en el beneficio del consumidor y en un mayor bienestar social. Para ello, se requiere una política dirigida a fortalecer, y no debilitar, a las instituciones encargadas de implementar la regulación sectorial y la defensa de la competencia económica.

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