CEPAL y OIT presentaron una nueva publicación conjunta en la que analizan los desafíos laborales tras la pandemia. Organismos señalan que la crisis provocaría 11,5 millones de nuevos desempleados en América Latina y el Caribe.
(21 de mayo, 2020)
Priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo para que
la reactivación productiva y del empleo post crisis de la enfermedad
del coronavirus (COVID-19) sea segura y saludable, es fundamental y
requerirá una gestión participativa de la seguridad y salud
laboral, con participación de empleadores y trabajadores, para el
cimiento de las políticas de retorno, aseguraron hoy la CEPAL y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva
publicación conjunta.
La edición N⁰ 22
del informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El
trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por
coronavirus (COVID-19) (mayo de 2020) fue presentada de manera
simultánea en Santiago de Chile y Lima, Perú, mediante una
conferencia de prensa virtual conjunta encabezada por la Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, y el Director Regional de la OIT para
América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.
Además de entregar
estimaciones sobre la dinámica del mercado de trabajo en los últimos
meses, el informe conjunto CEPAL-OIT explora algunas de las políticas
implementadas por los países para proteger el empleo formal,
cautelar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la
economía formal e informal y proteger al sector productivo.
Según el documento,
la implementación de las políticas para la reactivación requerirá
de un fuerte componente de formación y educación en seguridad y
salud para los actores del mundo del trabajo. Para ello son
necesarios recursos institucionales y presupuestarios reforzados que
garanticen su cumplimiento, y deben incluir buenas prácticas como la
puesta en marcha de un protocolo de salud y seguridad en el trabajo
que incluya inducción al personal, la adopción de horarios de
entrada y salida desfasados para evitar aglomeraciones, rutinas de
desinfección y sistema de lavado de manos, uso obligatorio de
mascarillas, y un protocolo en caso de que algún trabajador presente
síntomas.
Asimismo, agrega que
de prolongarse la crisis por más tiempo, será necesario una nueva
ronda de medidas, orientadas tanto a proteger empleo e ingresos de
trabajadores y limitar impacto en las empresas, con un foco especial
en grupos vulnerables como los migrantes en situación no
regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas
mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en
sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de
respuesta frente al COVID-19.
Mirando hacia el
futuro, ambos funcionarios de las Naciones Unidas señalan que la
crisis está empezando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral
que serán permanentes con el fin de ir hacia una “normalidad
mejor”. “Las políticas para la recuperación deben apuntar no
solo a una ‘nueva normalidad’ similar a la anterior, sino a una
‘normalidad mejor’ con mayor formalidad, equidad y diálogo
social”, indicaron Bárcena y Pinheiro.
En materia de
coyuntura, CEPAL y OIT indican que la pandemia ha generado fuertes
efectos negativos en el mercado de trabajo, con consecuencias en el
sector formal (reducción de horas, caída de salarios y despidos) e
informal (caída de empleo por distanciamiento y prohibición de
circulación, menor acceso a compensaciones de ingreso). Asimismo,
advierten que las mujeres trabajadoras son las más vulnerables y
sectores intensivos en mano de obra como el turismo, comercio,
manufactura, inmobiliaria y entretenimiento han sido altamente
afectados. Además, las Micro y Pequeñas Empresas concentran 46,6%
del total del empleo en la región y tienen alto riesgo de
experimentar quiebras.
Antes de la pandemia
América Latina y el Caribe mostraba bajo crecimiento y en el 2020 se
espera la peor contracción económica desde 1930, con una caída en
el Producto Interno Bruto (PIB) regional estimada de -5,3%, lo que
tendrá efectos negativos sobre el mercado de trabajo. Se proyecta un
aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos
porcentuales, hasta alcanzar un 11,5%, lo que equivale a más de 11,5
millones de nuevos desempleados. De profundizarse la contracción
económica la tasa de desocupación será mayor.
Junto al aumento de
la desocupación, se espera un marcado deterioro de la calidad del
empleo, indica el informe. El trabajo informal es la fuente de
ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe, donde la
tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%, según
estimaciones de la OIT, situación que afecta a los grupos más
vulnerables.
En tanto, según
cálculos de la OIT la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y
las medidas de confinamiento provocan una pérdida de alrededor del
10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año,
lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo
(suponiendo una jornada de 40 horas semanales).
Esta situación
afectará negativamente la dinámica de la pobreza y la desigualdad y
el logro de los compromisos de la Agenda 2030, agregan los organismos
de la ONU. La CEPAL estima que para el 2020 la tasa de pobreza
aumentaría hasta 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2,6
puntos porcentuales con respecto a 2019. Esto implica que la pobreza
alcanzaría entonces a 34,7% de la población latinoamericana (214,7
millones de personas) y la pobreza extrema a 13% (83,4 millones de
personas). También se espera un aumento de la desigualdad en todos
los países de la región, con incrementos del índice de Gini de
entre el 0,5% y el 6,0%.
Más allá de la
pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas
de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos
laborales. De allí que la CEPAL ha propuesto un ingreso básico de
emergencia (IBE) por un monto igual a una línea de pobreza durante
seis meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo
de los hogares. Esto supondría un gasto adicional del 2,1% del PIB
para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación
de pobreza en 2020.
En este ámbito, el
objetivo estratégico de largo plazo es la implementación gradual de
un ingreso básico universal, sustentado por mecanismos sostenibles e
innovadores de financiamiento, añade la Comisión.
El informe reitera
que es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las
dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo
sostenible, sin dejar a nadie atrás, como lo señala la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, en paralelo a las políticas
laborales se requiere un sistema de protección social basado en un
enfoque de derechos, sensible a las diferencias, con políticas
universales, redistributivas y solidarias.
Más información:
Documento
completo. Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El
trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por
coronavirus (COVID-19).
Presentación
conjunta de Alicia Bárcena (CEPAL) y Vinícius Pinheiro (OIT).
Observatorio
COVID-19 en América Latina y el Caribe.
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